El resultado de su iniciativa es que, en tan sólo 3 meses, más de 125 personas se han sumado y han compartido en redes sociales más de 450 fotos en las que vehículos ocupaban irregularmente las plazas reservadas para personas con discapacidad.

Larreta recuerda que “detrás de cada foto no solo hay un vehículo, sino una historia personal: los padres de una niña con síndrome de Rett, la madre con un niño con autismo, personas que necesitan una silla de ruedas, muletas o bastones para desplazarse o personas diagnosticadas con enfermedades como la esclerosis múltiple”.

La iniciativa, nacida en Pamplona, se ha extendido ya a las localidades cercanas de la Comarca de Pamplona, pero se trata de un problema que se da en todas las ciudades y pueblos de España. Porque las fotografías han constatado que estas infracciones se dan principalmente en lugares tan comunes como centros comerciales y grandes superficies, colegios y polideportivos. “No corresponden solamente a coches de particulares que deciden estacionar para comprar el pan, dejar a los niños en el colegio o directamente para ahorrarse un paseo. En muchos casos los vehículos pertenecen a empresas de diferentes sectores”, afirma Juan Larreta.

Duplica las sanciones

A modo de ejemplo, #okupasmotorizados lleva publicadas en Pamplona 162 fotografías en tres meses, una cifra que casi duplica la cifra media de sanciones que interpone la Policía Municipal en ese periodo.

No obstante, el promotor de la iniciativa también critica el uso fraudulento de la tarjeta que acredita que un vehículo corresponde a una persona con discapacidad. “Varios portadores de tarjetas nos comunican que la policía está comprobando que la utilización de las tarjetas es correcta. Nosotros estamos encantados de que se lleven a cabo estas acciones”.

Se trata, así pues, de una cuestión de civismo, de educación y de convivencia entre todos. Pero, además, también puede ser una cuestión económica ya que la sanción por aparcar irregularmente en plazas destinadas a las personas con discapacidad es de 200 euros que suben a 300 si el vehículo es retirado por la grúa.