Los principales periódicos andaluces se han hecho eco de esta buena noticia:
«La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene en cartera una reforma de la ley andaluza de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad cuando todavía no se han cumplido dos años y medio de la aprobación de esta norma, una de las más importantes que impulsó el Gobierno socialista en la pasada legislatura. La remodelación, muy escueta, tiene por objetivo controlar el uso indebido de las tarjetas de aparcamientos para personas con discapacidad y garantizar la accesibilidad de estos ciudadanos a las gasolineras en el territorio andaluz.
La reforma, que echó a andar a finales de enero, modificará el régimen de sanciones de la mencionada ley después de comprobar que es habitual el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Este documento, es personal e intransferible y sólo puede utilizarlo el titular del mismo, ya sea como conductor o como pasajero del vehículo. Según se indica en la memoria justificativa de esta reforma, la infracción más común es el uso de esta tarjeta por parte de terceros, ya sea portando el documento original e, incluso, una fotocopia.
En la norma aprobada en 2017 se contempla que los usos indebidos de este permiso para aparcar tengan como castigo la retirada del mismo al titular, pero quedaba impune el uso por parte de terceros. La reforma de la ley busca acabar con esta situación considerada “injusta”. Una vez que se apruebe, las personas que aparquen en estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida sin ser los titulares de la tarjeta incurrirán en una infracción leve. Esto quiere decir que las multas, que corresponde ponerlas a la Policía Local, pueden ir de los 301 a los 30.000 euros. Además, también se retirará al titular el permiso por un periodo que irá de uno a seis meses.»
Confiemos que Navarra, para muchas cosas una comunidad ejemplar, tome cartas en este asunto ya que se encuentra superada por la mayoría de CC.AA. en cuanto a expedición, regulación y control en materia de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad.