ABC Madrid

Aitor Santos Moya

25/07/2019

Los controladores han recibido la orden de ser más exhaustivos en la vigilancia de los vehículos estacionados con distintivos de este tipo

Las 291 tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (Tepmr) revocadas por el Ayuntamiento de Madrid el año pasado supusieron el pico más alto en la última década. Entre los casos fraudulentos destapados, la mayoría fueron por hacer uso de las mismas sin el titular presente (239), muy lejos de las reproducciones detectadas (27), las caducadas (17), las presuntas falsificaciones (3) y otros tipos de operaciones indebidas (5). La tendencia, lejos de remitir, se mantiene por encima del centenar de permisos anulados desde 2011, según los datos recopilados por el área municipal de Medio Ambiente y Movilidad. En los tres primeros meses de este año fueron 44 las tarjetas retiradas, por lo que desde la Subdirección General de Régimen Jurídico y Autorizaciones «no prevén que las cifras vayan a ser muy inferiores a las de años anteriores».

Para combatir este tipo de fraudes, los controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) recibieron hace dos meses el encargo de ser más exhaustivos con todos los vehículos aparcados en las zonas habilitadas para tal efecto, gratuitamente y sin limitación horaria (verde, azul y reservadas para carga y descarga), a fin de mejorar el registro interno actual. «Cada vez que vemos un turismo con la tarjeta de minusválido, tenemos que apuntar el número de placa y hacer fotografías de las matrículas delantera y trasera», apunta una de las trabajadoras consultadas.

Cuando un operario descubre un posible engaño, lo primero que hace es avisar a los agentes de Movilidad y Policía Municipal, encargados de rastrear el turismo y, si procede, denunciar al propietario conforme a la normativa de tráfico e incautar la tarjeta. Al mismo tiempo, se abre un procedimiento administrativo de revocación (que no de sanción), que puede llevar aparejada la retirada de la misma.

Un castigo que no siempre puede ejecutarse: «Si hay un inspector por la zona, se le llama para proceder a la retirada del coche con grúa. Y si no está, les ponemos una multa por distintivo no original -en caso de falsificación- de 60 euros». Pese a que esta última sanción es mucho más laxa que la primera, los controladores del SER inciden en que el número de inspectores en la calle ha aumentado de una parte a este tiempo.

Las tarjetas poseen una serie de medidas de seguridad para su autenticación y control, ya sean visuales o informáticas, que no siempre incluyen las réplicas. «Hay veces que encontramos alguna que no tiene la marca de agua con el escudo del Ayuntamiento, otras cuyos bordes están completamente recortados y no redondeados…», describe otro empleado, consciente de que la picaresca está a la vuelta de la esquina: «Hemos tenido situaciones de dar con dos coches en la misma calle que tenían el mismo número de tarjeta». Una compleja coyuntura que gracias al almacenamiento de las matrículas en el sistema del servicio de SER es más factible de prevenir.

La ordenanza de Movilidad establece que las autorizaciones serán «estrictamente intransferibles y solo podrán ser utilizadas cuando su titular sea transportado en el vehículo o éste sea conducido por la persona con movilidad reducida titular de la misma». En ese sentido, algunos usuarios advierten de la dificultad de cumplir con lo estipulado. «Si llevo a mi marido, que es minusválido, al hospital y le dejo en la puerta antes de ir a buscar aparcamiento, me arriesgo a que me multen», expone una mujer, al tiempo que pide una mayor flexibilidad.

Controversias aparte, lo cierto es que las empresas concesionarias del SER hacen controles habituales para detectar el uso fraudulento de las acreditaciones y, en particular, la utilización de tarjetas caducadas o de titulares fallecidos. Aquí radica otro de los intentos más habituales por burlar la normativa. «Hay conductores que colocan los permisos en el salpicadero de forma que la fecha de vigencia no se pueda leer», explican los controladores, que en estos lances aplican una sanción por distintivo no comprobable también de 60 euros.

Por otro lado, las tarjetas vinculadas a un vehículo -para el traslado de personas con movilidad reducida- solo podrán ser empleadas en dicho vehículo y siempre que esté dando traslado a ocupantes que cumplan con los requisitos necesarios. De cualquier modo, el uso indebido de las mismas, establece la ordenanza, «ocasionará la revocación de la autorización y su retirada inmediata por parte de la autoridad judicial, sin posibilidad de volver a ser solicitada en un plazo máximo de dos años». Un extremo de tiempo contemplado para la utilización de los permisos por personas distintas a sus titulares o su manipulación.

Si la infracción, en cambio, responde a la colocación de una tarjeta original caducada sin haber pedido la renovación, siempre que el plazo de vencimiento no supere los tres meses y el titular de la misma se encuentre presente en el vehículo, el plazo para volver a solicitarla será de 3 meses. Y de 6, cuando el periodo de caducidad sobrepase los tres meses o se sustituya por una copia.

Dentro de la zona SER, hay zonas que se prestan más a esta problemática. Así lo señalan los operarios del servicios, que marcan el entorno del Hospital de La Paz como uno de los lugares más afectados: «Existen patrullas de controladores dedicadas específicamente a vigilar el estacionamiento de los vehículos de minusválidos».